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Regulación conciertos educativos
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| Regulación conciertos educativos | Estoy en contra de que se concierte el Bachillerato en Aragón porque el dinero público debe quedar en la escuela pública. Afortunadamente, la escuela pública en Aragón tiene capacidad para acoger a todos los alumnos de Bachillerato que lo deseen, como se viene haciendo hasta ahora. En los centros públicos sobran plazas de Bachillerato, por lo que no existe ninguna razón para que se financie con fondos públicos dicha enseñanza. Estoy en contra del concierto de Bachillerato en Aragón. | ||
| Dinero público para la pública | El dinero público debería destinarse a la escuela pública, la escuela pública es igualitaria, no difiere de clases sociales. Y quien quiera llevar a sus hijos a concertados y privados que pague. La escuela de todos para todos | ||
| El contraste económico es especialmente difícil de justificar | La educación concertada ya dispone de financiación pública estructural. En junio de 2026 el Gobierno de Aragón aprobó una financiación de 56,7 millones de euros para los conciertos educativos vigentes durante los cursos 2026/27 a 2030/31. A esto se pretendía añadir la financiación específica del Bachillerato. Mientras tanto, la escuela pública continúa reclamando más recursos humanos, infraestructuras y capacidad. Por eso el debate no debería ser: "¿Podemos permitirnos concertar Bachillerato?" La pregunta correcta es: "¿Es ésta la mejor manera de utilizar ese dinero público?" Y, con las necesidades existentes en la red pública, hay argumentos muy sólidos para responder que no. La verdadera libertad educativa exige que exista una pública fuerte Una escuela pública fuerte no elimina la libertad. La hace posible. Porque una familia que vive en un pequeño municipio, una familia con dificultades económicas o una familia que necesita determinados apoyos educativos no puede ejercer la libertad de elección de la misma manera que otra con mayores recursos o mayor capacidad de desplazamiento. La libertad real empieza cuando existe una opción pública de calidad cerca de casa. Por eso defender la escuela pública no significa limitar la libertad de las familias. Significa garantizar que ninguna familia tenga que depender de su capacidad económica para acceder a una educación de calidad. | ||
| Contexto social diferente a cuando aparecieron los conciertos | El sistema de conciertos no apareció porque alguien decidiera que el Estado debía financiar indefinidamente cualquier iniciativa privada educativa. Nació en un contexto histórico concreto, en el desarrollo del sistema educativo democrático y de la escolarización universal. El Reglamento de 1985 vincula expresamente la concertación con la garantía del derecho a la educación y con la insuficiencia de plazas en centros sostenidos con fondos públicos. Pero Aragón de 2026 no es Aragón de 1985. La red pública se ha desarrollado enormemente. Tenemos institutos públicos en prácticamente todo el territorio, una red rural que sostiene la escolarización en localidades donde probablemente ninguna iniciativa privada podría hacerlo y una estructura educativa pública que atiende a cientos de miles de alumnos. Los datos actuales lo muestran con claridad: en 2024/25, el 69,3 % del alumnado aragonés de enseñanzas de régimen general estaba escolarizado en centros públicos, frente al 24 % en concertados y el 6,7 % en privados no concertados. La pregunta ya no puede ser: "¿Necesitábamos a la concertada cuando la red pública era insuficiente?" La pregunta debe ser: "¿Dónde sigue siendo imprescindible hoy la concertación porque la red pública realmente no puede garantizar la escolarización?" Y esa es una pregunta muy diferente. | ||
| Reflexión | la educación pública es patrimonio común Un instituto público no pertenece a una empresa, a una congregación, a una fundación ni a un titular determinado. Pertenece a todos. Al alumno que hoy está en primero de ESO. A la familia que mañana llegará a la localidad. Al niño que necesita apoyo educativo. A quien no puede pagar una cuota. A quien vive en el medio rural. A quien acaba de llegar a Aragón. A quien mañana necesitará una plaza que hoy todavía no existe. Por eso cada vez que una Administración decide entre reforzar una estructura pública o financiar una estructura privada debe hacerse una pregunta muy sencilla: ¿Qué decisión deja más capacidad educativa para el conjunto de la sociedad? La respuesta, en el caso del Bachillerato aragonés actual, debería ser reforzar la red pública. No necesitamos elegir entre libertad y escuela pública. Necesitamos entender que la libertad de elección solo es verdaderamente libre cuando existe una red pública fuerte, suficiente y de calidad. La concertada pudo desempeñar una función necesaria en un momento histórico en el que el sistema público no tenía capacidad suficiente para garantizar la escolarización. Pero las políticas públicas deben adaptarse a la realidad presente. Hoy Aragón tiene una extensa red pública de institutos, miles de plazas de Bachillerato, capacidad disponible en determinados territorios y, al mismo tiempo, centros públicos que reclaman nuevas vías, más profesorado, mejores infraestructuras y más recursos. En este contexto, destinar alrededor de 7 millones de euros anuales a ampliar la financiación del Bachillerato concertado no parece responder a una necesidad urgente de escolarización. Parece responder a una elección de modelo. Y si hay que elegir modelo, nuestra propuesta es clara: Primero garantizar una escuela pública fuerte, gratuita, inclusiva, cercana y suficientemente financiada. Después, y solo cuando exista una necesidad educativa objetiva que la red pública no pueda cubrir, utilizar la concertación como instrumento complementario. Porque la educación pública no puede ser el plan B. La educación pública tiene que ser la primera inversión. Y porque antes de financiar nuevas plazas privadas con dinero de todos, debemos asegurarnos de que ningún centro público se queda sin la vía que necesita, ningún alumno se queda sin los apoyos que necesita y ningún instituto tiene que pedir recursos básicos que después se nos dice que "no hay presupuesto" para conceder | ||
| Cuestión de logica | Una escuela pública fuerte no elimina la libertad. La hace posible. Porque una familia que vive en un pequeño municipio, una familia con dificultades económicas o una familia que necesita determinados apoyos educativos no puede ejercer la libertad de elección de la misma manera que otra con mayores recursos o mayor capacidad de desplazamiento. La libertad real empieza cuando existe una opción pública de calidad cerca de casa. Por eso defender la escuela pública no significa limitar la libertad de las familias. Significa garantizar que ninguna familia tenga que depender de su capacidad económica para acceder a una educación de calidad. 15. La pregunta que debería hacerse el Gobierno es muy sencilla Antes de aprobar un solo euro adicional para concertar Bachillerato, debería publicar, localidad por localidad: 1. Número de plazas públicas de Bachillerato ofertadas. 2. Número de plazas públicas efectivamente matriculadas. 3. Número de vacantes públicas existentes. 4. Número de solicitudes que no pudieron ser atendidas en la pública. 5. Número de unidades públicas solicitadas por los centros. 6. Número de unidades públicas finalmente autorizadas. 7. Número de unidades concertadas solicitadas. 8. Número de unidades concertadas autorizadas. 9. Coste económico de cada alternativa. 10. Impacto previsto sobre la red pública a cinco y diez años. Si después de analizar esos datos se demuestra que existe una necesidad objetiva que la red pública no puede cubrir, entonces podremos hablar de concierto. Pero si existen plazas públicas disponibles y centros públicos reclamando nuevas unidades mientras se destinan millones de euros a financiar nuevas unidades privadas, la decisión deja de responder a una necesidad educativa y pasa a ser una decisión política sobre el modelo de educación que queremos. 16. No se trata de quitar derechos. Se trata de no crear privilegios Las familias tienen derecho a elegir. Los centros privados tienen derecho a existir. Los profesionales de la concertada merecen todo el respeto. Pero ninguna de esas afirmaciones implica que exista un derecho automático a que el dinero público financie cualquier opción privada. El dinero público pertenece al conjunto de la ciudadanía. Y por eso debe utilizarse allí donde produzca mayor beneficio educativo y social. Primero la red pública. Después, cuando exista una necesidad objetivable que ésta no pueda cubrir, la colaboración con la red concertada. Ese debería ser el orden lógico. | ||
| Inversión pública | La escuela pública tiene una responsabilidad que trasciende la mera escolarización. Es la red que garantiza la educación independientemente de dónde viva el alumno, de sus circunstancias familiares, económicas o personales. La propia estadística estatal muestra que Aragón tiene un porcentaje elevado de alumnado extranjero: 16,7 % del alumnado de régimen general en 2024/25, frente al 12,3 % de media estatal. Además, el porcentaje de alumnado extranjero es superior en los centros públicos que en los privados. Esto significa que reforzar la pública no es únicamente una cuestión de "tener más aulas". Es reforzar precisamente la red que está asumiendo una parte fundamental de la complejidad educativa y social de nuestra sociedad. Si existen recursos adicionales, deberían dirigirse prioritariamente a: Reducción de ratios. Orientación educativa. PT y AL. Convivencia. Inclusión. Atención a la diversidad. Infraestructuras. Climatización. Estabilidad de las plantillas. Transporte escolar. Aulas específicas. Nuevos institutos donde exista crecimiento demográfico. No parece razonable que la primera gran ampliación de financiación educativa se dirija a una etapa privada concertada mientras existen necesidades de este calibre en la red pública. 13. El contraste económico es especialmente difícil de justificar La educación concertada ya dispone de financiación pública estructural. En junio de 2026 el Gobierno de Aragón aprobó una financiación de 56,7 millones de euros para los conciertos educativos vigentes durante los cursos 2026/27 a 2030/31. A esto se pretendía añadir la financiación específica del Bachillerato. Mientras tanto, la escuela pública continúa reclamando más recursos humanos, infraestructuras y capacidad. Por eso el debate no debería ser: "¿Podemos permitirnos concertar Bachillerato?" La pregunta correcta es: "¿Es ésta la mejor manera de utilizar ese dinero público?" Y, con las necesidades existentes en la red pública, hay argumentos muy sólidos para responder que no. | ||
| Escuela pública | 8. Si se quiere hablar de "libertad de elección", primero hay que garantizar que esa elección no destruye la capacidad de la red pública La libertad de elección de centro es un argumento legítimo. Pero la libertad de elección no significa necesariamente que la Administración tenga que financiar todas las opciones privadas que las familias puedan elegir. La Administración tiene que garantizar el derecho a la educación y organizar los recursos disponibles. Y existe una diferencia fundamental entre: "Las familias pueden elegir un centro privado" y "El Estado tiene la obligación de financiar esa elección privada". Son dos cuestiones distintas. Una familia puede elegir un centro privado no concertado. Lo que se discute aquí es si esa elección debe generar automáticamente una obligación de financiación pública. Especialmente cuando existen plazas públicas disponibles. 9. El concierto de Bachillerato tiene además una peculiaridad jurídica: no estamos hablando de enseñanza básica obligatoria Bachillerato es una enseñanza postobligatoria. La propia LOE establece que los conciertos para enseñanzas postobligatorias tienen carácter singular.Esto es fundamental. El régimen de conciertos nació vinculado históricamente a la necesidad de garantizar la gratuidad de la educación básica mediante la colaboración entre la red pública y centros privados. El Reglamento de 1985 lo dice expresamente: el concierto se configura para hacer efectivo el derecho a la educación básica obligatoria y gratuita. Y, al establecer las prioridades, pone el foco en los centros que satisfacen necesidades de escolarización, especialmente cuando existe insuficiencia de puestos escolares públicos. Por tanto, extender el concierto a Bachillerato no debería plantearse como una consecuencia natural o inevitable del sistema. Es una decisión política nueva que necesita una justificación específica. Y esa justificación debería ser mucho más exigente cuando se trata de una etapa en la que ya existe una extensa oferta pública. 10. La concertada tuvo una razón histórica. Pero una política educativa no puede vivir eternamente de la fotografía de 1985 Este quizá sea el argumento más importante desde el punto de vista político. El sistema de conciertos no apareció porque alguien decidiera que el Estado debía financiar indefinidamente cualquier iniciativa privada educativa. Nació en un contexto histórico concreto, en el desarrollo del sistema educativo democrático y de la escolarización universal. El Reglamento de 1985 vincula expresamente la concertación con la garantía del derecho a la educación y con la insuficiencia de plazas en centros sostenidos con fondos públicos. Pero Aragón de 2026 no es Aragón de 1985. La red pública se ha desarrollado enormemente. Tenemos institutos públicos en prácticamente todo el territorio, una red rural que sostiene la escolarización en localidades donde probablemente ninguna iniciativa privada podría hacerlo y una estructura educativa pública que atiende a cientos de miles de alumnos. Los datos actuales lo muestran con claridad: en 2024/25, el 69,3 % del alumnado aragonés de enseñanzas de régimen general estaba escolarizado en centros públicos, frente al 24 % en concertados y el 6,7 % en privados no concertados. La pregunta ya no puede ser: "¿Necesitábamos a la concertada cuando la red pública era insuficiente?" La pregunta debe ser: "¿Dónde sigue siendo imprescindible hoy la concertación porque la red pública realmente no puede garantizar la escolarización?" Y esa es una pregunta muy diferente. | ||
| Seguimos… | 5. Mientras se niegan vías a la pública, se plantea financiar nuevas vías privadas Aquí aparece una contradiccionmás. Este mismo comienzo de curso hemos visto centros públicos reclamando nuevas unidades porque la demanda existente supera la capacidad autorizada. Un ejemplo reciente es el CEIP La Laguna de Sariñena: el centro tiene 50 alumnos matriculados en 4.º de Primaria, pero se mantienen únicamente dos vías, de modo que las familias reclaman una tercera vía porque se supera la ratio máxima establecida. También reclaman recursos de personal que consideran necesarios para atender adecuadamente al alumnado. Y no es un caso aislado que permita reducir el debate a una cuestión puramente ideológica. El futuro segundo instituto de Monzón se plantea precisamente porque el IES existente ronda el millar de alumnos y necesita descongestionarse. El nuevo centro incorporará cuatro unidades de Bachillerato. La Administración tiene, por tanto, una responsabilidad evidente: Si existe demanda, debe aumentar primero la capacidad de la red pública. Porque una vía pública no es simplemente cuatro paredes y un grupo de alumnos. Es una inversión estructural que permanece para el conjunto de la ciudadanía. 6. La diferencia fundamental: una inversión pública permanece en lo público Cuando la Administración construye un instituto, amplía un centro público o crea una nueva vía pública, esa capacidad queda integrada en la red educativa pública. Cuando financia mediante concierto una unidad de un centro privado, está destinando recursos públicos al sostenimiento de una infraestructura cuya titularidad continúa siendo privada. No es una diferencia menor. Por eso la decisión debe analizarse desde una perspectiva de interés general y planificación a largo plazo, no únicamente desde la demanda puntual de determinadas familias. El dinero público debería utilizarse prioritariamente para consolidar una red educativa pública suficiente, equilibrada territorialmente, inclusiva y capaz de absorber las variaciones demográficas futuras. 7. La escolarización de 2026/27 ha demostrado que la planificación necesita más transparencia, no menos El proceso de escolarización de este curso también debería obligar a hacer una reflexión. La Administración ha defendido que el procedimiento garantiza la elección de las familias y publica las vacantes. Sin embargo, durante el proceso 2026/27 se han producido retrasos, problemas informáticos y críticas de familias y organizaciones por la gestión de las solicitudes fuera de plazo. FAPAR denunció que el procedimiento fuera de plazo tuvo que retrasarse hasta en tres ocasiones por problemas en la tramitación. Y en septiembre se han producido situaciones de colapso en la matriculación, con familias pendientes de resolución incluso al inicio del curso. Además, en marzo de 2026 CHA denunció públicamente "caos y opacidad" en la planificación de la escolarización y reclamó mayor transparencia y diálogo. No puede afirmarse que el proceso haya sido opaco en todas las localidades, porque la Administración sí ha establecido mecanismos de publicación de vacantes, baremos y adjudicaciones. Pero sí existe suficiente evidencia de problemas y controversia como para reclamar algo elemental antes de modificar estructuralmente el modelo: Transparencia completa de la demanda real, de las vacantes, de las unidades autorizadas y de las matrículas efectivamente realizadas en cada localidad. Y esos datos deberían conocerse antes de decidir qué centros necesitan nuevas unidades y cuáles no. | ||
| Legislación | 2. La propia legislación establece que el concierto no debería ser el punto de partida no depende de una posición política.La Constitución establece que corresponde a los poderes públicos garantizar el derecho a la educación mediante la programación general de la enseñanza y la creación de centros docentes. Y la legislación que regula los conciertos tampoco los configura como un derecho automático de los centros privados. La LOE establece que los centros privados podrán acogerse al régimen de conciertos cuando ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas y satisfagan necesidades de escolarización. Además, la propia ley establece que los conciertos de las enseñanzas postobligatorias tienen carácter singular. El Reglamento de conciertos de 1985 establece como indicador para determinar si existe una verdadera necesidad de escolarización la insuficiencia de la oferta de puestos escolares en los centros sostenidos con fondos públicos. Por tanto, el razonamiento debería ser exactamente el contrario al que se está aplicando: Primero se analiza si existe una necesidad educativa real. Después se comprueba si la red pública puede cubrirla. Y solamente si existe una insuficiencia real puede tener sentido acudir a la red privada concertada. No al revés. 3. El Bachillerato no es una etapa en la que exista una carencia estructural de oferta pública Este es probablemente uno de los argumentos más contundentes. Según la estadística oficial del Gobierno de Aragón correspondiente al curso 2024/25, había 17.436 alumnos de Bachillerato en Aragón. De ellos, 12.596 estaban escolarizados en centros públicos, 1.257 en centros privados concertados y 3.583 en centros privados no concertados. Es decir, la red pública ya escolarizaba aproximadamente el 72 % del alumnado de Bachillerato. Y esto es importante porque desmonta una idea que puede instalarse fácilmente en el debate público: Aragón no parte de una ausencia de oferta de Bachillerato. Existe una extensa red pública de IES que ya imparte esta etapa. De hecho, cuando se planteó la concertación, las organizaciones de la escuela pública denunciaron la existencia de más de 1.300 plazas públicas vacantes. Por tanto, antes de crear una nueva obligación financiera para la Administración, la pregunta debería ser: ¿Qué problema de escolarización concreta viene a solucionar el concierto que las plazas públicas existentes no pueden solucionar? Si hay plazas públicas disponibles, la respuesta resulta difícil de justificar. 4. No tiene sentido financiar dos redes cuando una de ellas tiene capacidad disponible La planificación educativa debería evitar una situación paradójica: mantener plazas públicas vacantes mientras se financian nuevas plazas privadas con dinero público. Eso no significa cerrar la concertada de un día para otro. Significa algo mucho más razonable: No ampliar conciertos allí donde la red pública tiene capacidad suficiente para atender la demanda. La propia normativa aragonesa reconoce que la Administración planifica las unidades y que el concierto está vinculado a esa planificación. Además, la normativa estatal establece como criterio para los conciertos la satisfacción de necesidades de escolarización. Por tanto, no debería bastar con que un centro privado quiera mantener o ampliar una determinada oferta. Tiene que existir una necesidad educativa objetivable. Y esa necesidad debería demostrarse localidad por localidad. |
