El papel social que desarrollan las familias resulta crucial y cambiante, así como su morfología y modos de organización. Es esencial que una Ley dedicada a la atención a las familias aragonesas reconozca esa pluralidad, y acomode la actuación de las Administraciones Públicas para satisfacer las necesidades que surgen en función de los cambios familiares que están teniendo lugar en nuestra sociedad, cambios que han contribuido a promover hoy formas de convivencia más igualitarias, tolerantes y democráticas.

Por otro lado, la Ley pretende contribuir a ofrecer respuestas a alguno de los retos más importantes que afronta Aragón, como la crisis de la natalidad, el envejecimiento, la despoblación y las dificultades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Esos desafíos se manifiestan de forma particular en el mundo rural, que debe ser objeto de especial atención.

Un objetivo central de esta Ley es promover, en el marco de las atribuciones que corresponde a la Administración Autonómica, la mayor implicación de los varones en el cuidado a la infancia con el fin de acercarnos a la igualdad y favorecer con ello el bienestar de la infancia. Igualmente, el ofrecer respuesta a las demandas de nuevas familias -con independencia de su tamaño, morfología o configuración– que desean construir proyectos familiares igualitarios, prestando especial atención a aquellas que por razones de índole diversa presenten necesidades específicas relacionadas con su situación sociofamiliar, económica, de reconocimiento social y no discriminación, violencia intrafamiliar, vulnerabilidad, etc.

No se pueden reducir a un solo ámbito de actuación las medidas, recursos y prestaciones que deben configurar el contenido de esta Ley, ya que la transversalidad de su objeto nos obliga a contemplar áreas tan distintas como empleo, vivienda, tributos, servicios sociales, educación, sanidad o conciliación, amparándose para ello en los correspondientes títulos competenciales del Estatuto de Autonomía de Aragón. Teniendo en cuenta este carácter transversal de la política familiar, se ha hecho necesario elaborar una norma que constituya un plan de acción general y sectorial de forma que quede garantizada la atención integral a las familias, en su conjunto, y a cada uno de los miembros que la componen.

De manera más detallada, el impacto que la norma desarrollará en las familias aragonesas puede concretarse en los siguientes aspectos:

• Promoción y protección de los derechos de todos los tipos de familia, contribuyendo así a la mejora de su nivel de bienestar.
• Facilitación la conciliación de las responsabilidades familiares y laborales a través de la mejora de los servicios sociales, educativos, sanitarios y de cuidado infantil, así como de las condiciones laborales y de las prestaciones y permisos para el cuidado de hijos e hijas y personas dependientes.
• Contribución al afianzamiento de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito familiar, en particular en el cuidado y educación de los hijos e hijas menores de edad y en la atención a las personas que se encuentren en situación de dependencia.
• Estructuración, organización y flexibilización de los tiempos y horarios dedicados a las diferentes responsabilidades de las familias (laborales, familiares y personales).
• Prevención de la exclusión social en las familias que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.
• Refuerzo de las habilidades parentales en el cumplimiento de sus responsabilidades, así como en la resolución adecuada de los conflictos familiares. 
• Coordinación de las políticas familiares, con un carácter interinstitucional, transversal y multidimensional, promoviendo la implicación de todos agentes sociales y económicos implicados.