Mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, se refunde, regulando, aclarando y armonizando la Ley 13/1992, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, la Ley 57/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por el que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, tarea en la que ha sido referente principal la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril establece en su artículo 23 un mandato expreso en materia de bienestar social y cohesión social: “Los poderes públicos de Aragón promoverán y garantizarán un Sistema Público de Servicios Sociales suficiente para la atención de personas y grupos, orientado al logro de su pleno desarrollo personal y social, así como especialmente a la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social, garantizando un renta básica en los términos previstos en la Ley”. Y de forma específica el artículo 25 establece que “Los poderes públicos aragoneses promoverán medidas que garanticen la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidades, así como su participación en la vida de la comunidad.”

Por su parte, el artículo 71.34 del mismo atribuye la competencia a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de atención social, desarrollándose por la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, que señala como objeto prioritario la garantía del derecho universal de acceso a los servicios sociales como derecho de la ciudadanía, para promover el bienestar social del conjunto de la población y contribuir al pleno desarrollo de las personas.

Las personas con discapacidad conforman un grupo particularmente vulnerable y numeroso para el que deben establecerse las condiciones necesarias en orden a evitar la restricción de sus derechos básicos que condicionan u obstaculizan su desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos y servicios disponibles y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad.

Por ello es imprescindible la configuración de un marco jurídico que remueva los impedimentos que les privan del pleno ejercicio de sus derechos, de modo que las personas con discapacidad se sitúen en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos.

Los objetivos de la ley son los siguientes:

• Promover los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, incidiendo especialmente en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y fomentando la capacitación y el empoderamiento personal y social de las personas con discapacidad.
• Impulsar el desarrollo de una sociedad inclusiva y accesible que permita a hombres y mujeres con discapacidad el pleno desarrollo de sus capacidades en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía.
• Asegurar el carácter trasversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas de atención a las personas con discapacidad.

En el marco de estos objetivos, el Gobierno de Aragón a través del Departamento de Presidencia, y con el apoyo de la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado (Aragón Participa), va a impulsar un proceso de participación ciudadana con el objetivo de generar un espacio de debate y reflexión, a través del que recibir aportaciones para la elaboración del anteproyecto de Ley Derechos y Atención a las personas con discapacidad.