Desde la aprobación hace ya más de 30 años de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que, en su artículo 10, ya se recogían los derechos de los ciudadanos en relación con la salud con pleno respeto a la libertad, a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la persona y respecto de las administraciones sanitarias, ha habido una diversidad de iniciativas legislativas y reguladoras de los derechos y deberes de los usuarios de los servicios sanitarios, tanto por parte de las Cortes Generales y la Administración Central del Estado como de los distintos parlamentos y gobiernos autonómicos. Un repaso a estas iniciativas es reflejo también de la evolución de la sociedad en estos 30 años en lo que se refiere al papel de las personas en su responsabilidad y capacidad de toma de decisiones sobre su propia salud.

Debemos destacar algunas normas trascendentes en esta evolución. En 2002 se aprobaban dos leyes de importancia en el reconocimiento de derechos de los usuarios de los servicios sanitarios. Las Cortes de Aragón, por un lado, aprobaban el 15 de abril de ese año la Ley 6/2002 de Salud de Aragón, que además de poner las bases para la organización del Sistema Nacional de Salud en la comunidad autónoma, establecía ya un reconocimiento de derechos y garantías para los usuarios del mismo. Igualmente, ese año el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que puso las bases para todo el territorio del estado del reconocimiento de la autonomía del paciente como piedra clave del sistema de derechos y garantías en los servicios sanitarios, públicos o privados.

Un nuevo paso en el reconocimiento de derechos se dio a nivel autonómico en 2011 con la aprobación de la Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte, una de las pioneras entre las conocidas popularmente “leyes de muerte digna”, garante de los derechos de las personas en las etapas finales de la vida.

Las sociedades son sistemas en permanente evolución y por ello el Plan de Gobierno del ejecutivo aragonés contempla desde hace dos años la necesidad de establecer un marco legal que reúna, amplíe y actualice el marco legal de los derechos de los usuarios de los servicios sanitarios, tanto públicos como privados, en la comunidad autónoma, aunque con una especial atención a los de los usuarios del Sistema de Salud de Aragón. También se reconocen de forma detallada los derechos colectivos de información y participación, así como se introducen garantías para aquellas personas en una situación de vulnerabilidad a la hora de hacer valer sus derechos. Incluirá también mecanismos de evaluación de la propia ley, conscientes de la necesidad de establecer mecanismos transparentes de evaluación de las políticas públicas.

La primera característica que define a la futura ley es la de centralizar en una misma norma todos los derechos y deberes que asisten y corresponden a los ciudadanos en materia de sanidad y salud.  Pretende, no sólo salvaguardar el principio de seguridad jurídica, sino ofrecer a los ciudadanos, en cuanto que usuarios y destinatarios de los servicios de salud, un único instrumento en el que se reconozcan sus derechos y deberes para con ello facilitar el acceso a los mismos por los ciudadanos.

Recorrido del anteproyecto de ley:

Con la firma por parte del Consejero de Sanidad de la orden de inicio que encomendó a la Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios la tarea de elaboración del anteproyecto de ley, se realizó una primera sesión de participación ciudadana (Audiencia Pública) en diciembre de 2016, con el objetivo de recabar las primeras ideas y aportaciones como base para cerrar la redacción del citado anteproyecto. En concreto, el debate general versará sobre los contenidos básicos que tienen que ser recogidos en el futuro texto legal: Derechos de asistencia e información; Derechos relativos a la autonomía del paciente, dignidad, intimidad y confidencialidad de los datos del mismo; Participación; Deberes y garantías.

Se constituyó a continuación un equipo multidisciplinar con profesionales con formación sanitaria y jurídica, con amplio conocimiento del sistema sanitario y del marco legal vigente, que actúo como equipo redactor de la ley. En septiembre de 2017 se trasladó el texto inicial al Consejo de Dirección del Departamento de Sanidad y se procedió a recoger las opiniones y aportaciones de los distintos centros directivos del departamento y de su organismo autónomo vinculado, llegando un alto nivel de acuerdo en los contenidos de la ley.

En las etapas finales del año 2017 se trasladó al Gobierno de Aragón el estado de la elaboración del anteproyecto de ley, y se presentó el mismo al Consejo de Salud de Aragón, principal órgano de participación de las asociaciones ciudadanas, de los profesionales, de las entidades educativas y de los agentes sociales y políticos del Sistema de Salud de Aragón. Es el momento, por lo tanto, de presentar el texto a la consideración del conjunto de la sociedad y recibir las aportaciones que la ciudadanía quiera hacer a esta norma que va a afectar de forma general a todas las personas que reciben atención sanitaria en esta comunidad autónoma.