La ciudadanía reclama un papel cada vez más activo en la atención de las necesidades y la solución de los problemas que afectan al conjunto de la comunidad. La sociedad civil, a través del voluntariado, como expresión del compromiso solidario a favor del interés general y pilar fundamental de una sociedad democrática avanzada, ha adquirido en los últimos años una indudable relevancia que exige por parte de los poderes públicos una atención especial. Así, la acción voluntaria ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento en el mundo y en nuestro país. Como parte del nuevo papel jugado por la sociedad civil durante las tres décadas pasadas, tanto el volumen de las actividades realizadas a través de la acción voluntaria como su diversificación, importancia e impacto, la han convertido en uno de los grandes actores sociales contemporáneos.

La Organización de las Naciones Unidas ha desarrollado en este sentido un papel central, redefiniendo las líneas generales de la nueva y más completa interpretación de lo que es el servicio voluntario. Estas definiciones a su vez han permeado durante la última década la legislación específica de casi una treintena de países y sus políticas públicas de desarrollo social, educación y salud. En Europa, la acción voluntaria se integra dentro de las acciones de Long life learning o aprendizaje a lo largo de la vida para todas las edades, así como de participación en la vida comunitaria a través de entidades que lideran programas estructurados y promueven un fin social. Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta los beneficios derivados de este tipo de acciones para la gente joven, la Comisión Europea (2012) insta a los Estados miembros a crear sistemas de reconocimiento de las competencias del voluntariado que puedan apoyar la empleabilidad de los jóvenes en países tan afectados por la crisis entre los que se encuentra España.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, según la reforma aprobada por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, ordena a los poderes públicos aragoneses, en su artículo 15.3, promover la participación individual y colectiva en los ámbitos cívico, político, cultural y económico, y en el artículo 20, promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los aragoneses en la vida política, económica, cultural y social. Por su parte, según su artículo 71.35ª, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en materia de Voluntariado social, que comprende la regulación, promoción y fomento de la participación solidaria ciudadana en actuaciones organizadas de voluntariado por medio de entidades públicas o privadas estables y democráticas, sin ánimo de lucro, así como la ordenación de las relaciones entre las Administraciones públicas y dichas entidades.

Actualmente, en nuestra Comunidad Autónoma rige la Ley 9/1992, de 7 de octubre, del Voluntariado Social, que contiene el conjunto de normas que, en el marco de la acción social, tienen por objeto regular, fomentar y promover la participación de los particulares en actuaciones definidas como propias del voluntario social. Sin embargo, transcurridos más de veinte años desde su aprobación, esta Ley se ha visto superada por la realidad de la acción voluntaria, siendo necesario, por tanto, aprobar un nuevo marco jurídico que responda adecuadamente a la configuración y a las dimensiones del voluntariado en los comienzos del siglo XXI. Desde esta consideración de “actualización” de nuestro marco normativo, la reciente legislación está apostando por un concepto amplio de acción voluntaria, dado que existen distintos tipos de voluntariado; no sólo podemos vincular a lo social en el sentido más estricto, sino que también hay un voluntariado medioambiental, cultural, vecinal, etc. Por tanto, surge la necesidad de debatir sobre el propio concepto de voluntariado y desarrollar una Ley acorde con la realidad social.

En este marco y con el objetivo de poner en marcha una nueva política autonómica que dé una respuesta adecuada y adaptada a las nuevas situaciones de voluntariado de la Comunidad Autónoma de Aragón, la futura Ley tiene por objeto fortalecer, promover y facilitar la participación solidaria y altruista de los ciudadanos en actuaciones de voluntariado, a través de entidades de voluntariado públicas o privadas, así como establecer el régimen jurídico de las relaciones que, con respecto a dichas acciones, se establezcan entre los destinatarios de las actividades de voluntariado, los voluntarios, las entidades de voluntariado y las Administraciones Públicas..

Deberá ser una ley que impulse un modelo solidario, abierto, participativo, transparente, inclusivo, intergeneracional, transformador y de calidad; que favorezca su promoción desde otros ámbitos más novedosos, como las empresas, las universidades o las propias Administraciones públicas; tal y como ya contempla la recién aprobada Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado del Estado. En definitiva, una Ley que fomente la acción voluntaria en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todo el territorio, regulando los ámbitos competenciales para garantizar los derechos y deberes de entidades, voluntarios y destinatarios de la acción.

El inicio del proceso de participación tendrá lugar el lunes 18 de julio con la realización de una Sesión Informativa del proceso participativo.