Es objeto de esta Ley establecer el marco normativo de medidas de discriminación positiva y de los mecanismos de promoción, desarrollo y dinamización que permitan garantizar los servicios mínimos básicos y esenciales e impulsar las actividades socioeconómicas con el fin de lograr la igualdad de oportunidades y una calidad de vida equivalente para todos los habitantes del territorio aragonés.

Y además establecer los adecuados mecanismos de gobernanza, coordinación interinstitucional y con el sector privado en la aplicación de las políticas sectoriales en el medio rural con el fin de alcanzar una acción pública coordinada y complementaria que tenga en cuenta las diferentes realidades territoriales dentro del propio ámbito rural.

Cómo objetivo principal este anteproyecto se establece el propiciar un nivel de vida digno a la población rural en términos de renta, calidad y bienestar, mediante el desarrollo de políticas de discriminación positiva hacia aquellos habitantes y familias del medio rural teniendo en cuenta la estructura aragonesa de asentamientos y los instrumentos de ordenación del territorio.

Interesa destacar por su importancia y por ser eje de la regulación que se lleva a a cabo el mecanismo rural de garantía, instrumento que parte de la Declaración de Cork mediante el cual se pretende comprobar el impacto y las implicaciones que pueden tener las políticas públicas en el medio rural, reflejar las necesidades de las zonas rurales y reconocer su potencial.