El Estatuto de Autonomía de Aragón establece el derecho de todas las personas al acceso en condiciones de igualdad a unos servicios públicos de calidad, así como la responsabilidad de los poderes públicos aragoneses en la corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre los diferentes territorios de Aragón. El artículo 114, determina que, con arreglo al principio de suficiencia financiera, la Comunidad Autónoma participará en la financiación de las Corporaciones Locales aragonesas aportando a las mismas las asignaciones de carácter incondicionado que se establezcan por las Cortes de Aragón. 

Desde hace años se ha pretendido por las distintas instituciones nacionales y autonómicas dar una respuesta a la financiación local, no habiéndose alcanzado, en la mayor parte de los casos, este objetivo reivindicado por las entidades locales y sus asociaciones. Ha sido precisamente desde las iniciativas de los diferentes gobiernos y parlamentos autonómicos desde donde, fundamentalmente, se ha ido dando solución a esta problemática.  

Hasta ahora, dentro del Fondo Local de Aragón se integra el Fondo de Cooperación Municipal, regulado en el artículo 262 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. Un Fondo de carácter incondicionado, que excluye a las tres capitales de provincia y se distribuye conforme a los criterios establecidos en el apartado 5 del citado artículo. No obstante, dicho sistema de financiación no permite dar estabilidad a la financiación local, dado que está sujeta a la incertidumbre derivada de la voluntad política coyuntural y no está ligada a la evolución de la situación financiera de la Comunidad Autónoma, al prever la norma que su cuantía se establezca anualmente en la Ley de Presupuestos de la misma.

La nueva regulación parte de las especiales características de la realidad aragonesa derivadas de la existencia de 731 municipios, en uno de los cuales, Zaragoza, residen más de la mitad del pueblo aragonés; del alto grado de envejecimiento; de la gran dispersión; de la baja densidad poblacional y del alto riesgo de desaparición de muchos núcleos de población. En la actualidad, casi 550 municipios tienen menos de 500 habitantes y solamente 13 tienen más de 10.000.

Sin embargo, la fortaleza financiera de los municipios no solamente está ligada a su población sino también a las especiales características de cada uno de ellos y al esfuerzo fiscal que realicen. Por ello, es imprescindible establecer otros parámetros que condicionen la financiación en razón a la solidaridad y al objetivo de hacer un Aragón más fuerte en su conjunto para el beneficio de todas las aragonesas y aragoneses.